La Dependencia, visicitudes de una ley

La Ley de Dependencia nació para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familiares. Sin embargo, después de casi tres años de su entrada en vigor aún hay muchas personas que nose han beneficiado de las prestaciones de esta norma. Te explicamos las claves de esta ley, sus beneficios y las dificultades de su desarrollo.

Hace tres años que se implantó la Ley de Dependencia en España. En cambio, según reflejan los informes de distintas comisiones y expertos y de los propios usuarios, se detectan distintos problemas en la implantación y desarrollo de la ley por las Comunidades Autónomas, sobre todo, al existir escasa información y disparidad en los tiempos de resolución que oscilan entre los tres y doce meses.

Otros inconvenientes que se han dado son el desarrollo desigual de los servicios sociales, la falta de inversión en infraestructuras públicas, la ausencia de servicios sociales de calidad y la falta de rigor en el seguimiento del desarrollo normativo.

También se ha detectado la inexistencia de un sistema de acreditación básica para todo el Estado y la falta de coordinación entre los sistemas autonómicos de servicios sociales y la inadecuada colaboración entre el sector público y privado.

Aunque la mayoría de las Comunidades Autónomas avanzan en el desarrollo de la implantación del sistema, según distintos informes de gestión como el de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, y análisis de la situación, Madrid, Valencia, Canarias y Murcia, son las comunidades más retrasadas en la gestión. Así lo manifiestan las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo en la que más de la mitad corresponden a Valencia y a Madrid.

Este incumplimiento de la ley por algunas administraciones autonómicas ha conducido a que la propia ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, haya reconocido que las ayudas tardan más de lo deseado en llegar. De hecho, hay más de 200.000 personas dependientes que se encuentran en espera de respuesta por las Comunidades Autónomas correspondientes, responsables directos de la implantación de la ley. Por ello, la Ministra ha pedido disculpas a los beneficiarios.

Madrid suspende
La Comunidad de Madrid es uno de los lugares en las que la Ley de Dependencia no se está aplicando debidamente. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la orden de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2008 en la que se aplicaba el silencio negativo en las solicitudes de petición de dependencia; es decir, que si el ciudadano no recibía respuesta en seis meses se consideraba denegada su solicitud.

De esta forma, el tribunal sentencia que la orden de la Comunidad de Madrid no puede imperar sobre la Ley de Dependencia y da la razón a la Plataforma de la Dependencia de Alcorcón que es quien había denunciado este hecho.

Así, aquellos que soliciten las ayudas y que no reciban respuesta en seis meses, quedan reconocidos como beneficiarios (silencio administrativo positivo).

Sin embargo, la Comunidad de Madrid quiere promulgar una ley de “medidas liberizadoras” que pretende aprobar en diciembre, por la que se otorga rango legal al silencio administrativo desestimatorio para el reconocimiento del grado de dependencia.

En Madrid se estima que hay alrededor de 200.000 personas dependientes, no llegan a 50.000 las que han solicitado las prestaciones y servicios de la ley, 20.000 las que están recibiendo prestaciones y otras tantas en espera de respuesta.

Esta situación ha suscitado críticas por parte de los sindicatos, las asociaciones de profesionales, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y Personas con Dependencia y sus familiares.

Todos ellos ven cómo impera el silencio administrativo negativo, cómo les reconocen el derecho como dependientes desde el momento en que les conceden la prestación y no desde que la solicitan. En este punto, incluso llegan a transcurrir doce meses sin que los solicitantes reciban ninguna comunicación en ese tiempo o sin que les respondan a las solicitudes.

Asimismo se denuncia la forma y los profesionales que realizan las valoraciones, la escasa inversión en plazas residenciales y recursos sociales realizadas en la región.

Ante estos hechos, han surgido iniciativas en el Ayuntamiento y ONG´s de Alcorcón y Madrid, así como plataformas en defensa de la ley en la Comunidad Valenciana.

También se han creado turnos de oficio para asesorar a los ciudadanos y ayudarles a presentar sus denuncias.

Mejorar la vida
La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia de 14 diciembre de 2006, tiene como gran objetivo establecer la atención a la dependencia como un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía fundamentado en los principios de universalidad y equidad.

Considerada como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, el objetivo último perseguido es mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y la de sus cuidadores, familiares directos, mujeres en la mayoría de los casos.

Se calcula que para 2010 habrá 1, 3 millones de dependientes y alrededor de 1, 5 millones para 2020. Ante esta realidad, el Gobierno elaboró la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que fue aprobada por unanimidad por Las Cortes y promulgada el 14 diciembre 2006.

Esta norma, más conocida como la Ley de Dependencia, tiene sus fundamentos en los artículos 49, 50, 139.1 y 149.1 de la Constitución Española.

Algunos de sus principios inspiradores son el carácter público de las prestaciones, la universalidad, la atención integral e integrada, la personalización de la atención, las medidas de prevención, la rehabilitación, el estímulo social y mental, la promoción de las condiciones precisas para que las personas dependientes puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible, la calidad, la sostenibilidad y la accesibilidad de los servicios y la colaboración de los servicios sanitarios y sociales en la prestación de los servicios.

Las Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar los servicios y prestaciones.

Asimismo, se ha creado el Consejo Territorial compuesto por la Administración del Estado y las Administraciones Autonómicas, cuyo fin es que ambos se coordinen y cooperen entre sí en la gestión de las prestaciones y servicios que prevé la norma.

300.000 puestos de trabajo
Los costes y la financiación de la ley, correrán a cargo del Estado y las Comunidades Autónomas, previéndose también la participación de los beneficiarios en los costes de las prestaciones. El gasto total del sistema hasta el año 2015, se calcula en 25.000 millones de euros de los que el Estado aportará la mitad y las Comunidades Autónomas el resto.

En el período 2004-2008 el Estado ya ha aportado más de 1.500 millones de euros.

Por último, se preveía una generación de empleo de alrededor de 300.000 puestos de trabajo, fundamentalmente femenino y de familiares cuidadores de hecho de la persona dependiente, en los que se contempla el cobro de un salario y el alta en el sistema de Seguridad Social española.

Para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer este derecho, la ley ha creado un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) atribuyendo a las administraciones públicas implicadas, Estado y Comunidades Autónomas, una serie de funciones y responsabilidades específicas, respetando el reparto de competencias en vigor.

Son dependientes: los españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos en la ley.

Requisitos: residir en territorio español y haberlo hecho al menos durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solititud.

¿Cuántos grados hay de Dependencia? Tres: grado I o dependencia moderada; grado II o dependencia severa y grado III o gran dependencia. Cada uno de ellos se clasifica en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad de cuidado que requieran.

¿Cómo se valora? Se utiliza un baremo aprobado al efecto. Se aprueba mediante la aplicación de un protocolo uniforme por las Comunidades Autónomas que designarán asimismo los equipos de valoración.

Servicios y prestaciones

Las prestaciones que el artículo 14 de la Ley de Dependencia contempla se diferencian en servicios y prestaciones económicas. Las primeras comprenden la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal, la teleasistencia, la ayuda a domicilio (cuidados personales, atención de las necesidades del hogar), los centros de día y de noche (para mayores, para menores de 65 años, centros de atención especializada), y la atención residencial (residencias de personas mayores en situación de dependencia, centros de atención de personas en situación de dependencia en razón de distintos tipos de discapacidad).

Las prestaciones económicas abarcan los cuidados en el entorno familiar, el servicio y la asistencia personalizada. A la hora de pedirlas, pueden presentar las solicitudes tanto las personas dependientes como quien ostente su representación en los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma en la que residan los solicitantes, que es la competente para la tramitación y gestión de la ley.

Una vez que salga la resolución, esta tendrá validez en todo el territorio del Estado español. Por su parte, la Comunidad Autónoma elaborará un plan individual de atención (PIA) en el que se determinan los servicios y prestaciones que cada persona precise.

Las Cifras hablan

• 25.000 millones de euros es el coste total del sistema de la Ley de Dependencia hasta 2015.
• 12.500 millones de euros aportará el Estado y 12,500 millones de euros las Comunidades Autónomas.
• Más de 1.500 millones de euros ha aportado el Estado en el período 2004-2008.
• 300.000 puestos de trabajo previó crear el Gobierno con la ley.

Información y asesoramiento

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